El delito de obstrucción a la justicia consiste en un conjunto de acciones ejercidas por el acusado o el abogado, que provocan una obstrucción o enlentecimiento del procesamiento judicial.
El bien jurídico protegido por este delito es la correcta Administración de la justicia, así como otros bienes de la víctima que se ven afectados por esa obstrucción del delito.
En este delito existe un carácter doloso, ya que el acusado tiene como objetivo enlentecer y dificultar el procesamiento jurídico por lo que es consciente del perjuicio causado.
Conclusiones Principales
Incomparecencia injustificada: cuando una persona se niega a comparecer en un juicio después de recibir una segunda citación y siempre que el acusado no esté en prisión, será castigado con multa de 6 a 10 meses. Si se encuentra el reo en prisión provisional y la incomparecencia provoca la suspensión del juicio oral, la pena será prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 24 meses.
Influir con violencia o intimidación sobre una persona involucrada de forma directa en un proceso judicial se castiga con 1 a 4 años de prisión o multa de 6 a 24 meses. Si el acusado consigue el objetivo perseguido, se impondrá la pena en su mitad superior.
Tomar represalias por una actuación en un procedimiento judicial, se castiga con pena de prisión de 1 a 4 años o multa de seis a 24 meses.
La destrucción, inutilización y ocultación de documentos o actuaciones por un abogado o procurador, se castiga con la pena de 6 meses a 2 años de prisión, multa de 7 a 12 meses, e inhabilitación especial para empleo de 3 a 6 años.
Revelación de actuaciones secretas, la condena por este delito es multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial del cargo de 1 a 4 años. En el caso de que esta revelación sea hecha por un funcionario de la Administración de Justicia, se impondrá la pena del delito de revelación de secretos en su mitad superior.
Obstrucción a la Justicia
Resultado: Absolución
Tribunal: Juzgado de lo Penal
Acusación: Ministerio Fiscal
Pena solicitada: 3 años de prisión por delito de obstrucción a la justicia
A continuación, analizaremos en profundidad las características de este delito penal.
El delito de obstrucción a la justicia es un delito contra la administración de justicia tipificado en los artículos 463 y 464 del Código Penal. Concretamente, el artículo 463 se centra en el delito de incomparecencia injustificada en causa criminal, y el 464 de los atentados contra la libertad de los intervinientes en un proceso judicial.
Para la consumación de un delito de obstrucción a la justicia es necesario que existan los siguientes elementos:
Un sujeto activo, que es el responsable de la obstrucción del proceso judicial. Puede ser cualquier persona, abogado o procurador. En el caso de ser un acusado, este será inculpado por dos delitos, uno de obstrucción a la justicia, y el delito previamente acusado.
Un sujeto pasivo, que sufre las consecuencias de la obstrucción provocada por el sujeto activo en el procesamiento del juicio. Puede ser:
El Estado, es decir, la propia Administración de justicia, debido al enlentecimiento del juicio.
Cualquier persona que se vea afectada por la obstrucción, ya sea denunciante, testigo, abogado, procurador…
Otro elemento indispensable de este delito es la acción llevada a cabo por el sujeto activo, que tiene como fin último retrasar o dificultar la labor a la Administración de Justicia. Las dos conductas principales son la violencia o intimidación sobre el sujeto pasivo y la incomparecencia en el juicio.
La incomparecencia injustificada en un juicio también recibe el nombre de obstrucción pasiva y se trata de un delito de resultado consistente en la omisión de comparecencia en el juicio, teniendo como resultado la obstrucción o enlentecimiento del proceso judicial.
Esta conducta se da, únicamente, en el juicio oral de procesos criminales. La justa causa ha de ser determinada por el juzgado, y atiende a los motivos objetivos que han obligado al acusado a no asistir al juicio oral. No será considerado como causa justa cualquier causa subjetiva o que no pueda valorarse mediante criterios objetivables.
La penalidad para la conducta de incomparecencia injustificada dependerá de si se trata de una conducta atenuada o agravada. A continuación, analizaremos particularmente cada uno de estos casos.
El subtipo atenuado se da cuando la incomparecencia se ha producido dos veces, habiendo sido advertido el acusado e independientemente de si se suspende, o no, el juicio.
Son necesarios los siguientes requisitos:
Si se cumplen estas tres premisas, nos encontramos ante un subtipo atenuado de obstrucción a la justicia, penado con multa de seis a diez meses.
Si el reo se encontrase en prisión provisional y la incomparecencia provocara la suspensión del juicio oral, la pena es más rigurosa. El acusado será castigado con prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses.
El subtipo agravado del delito de obstrucción a la justicia se produce cuando el sujeto activo interviene directamente en los trámites del procesamiento judicial. Es decir, cuando el sujeto activo sea abogado, fiscal, procurador, juez o cualquier otro profesional del derecho.
Al igual que el subtipo atenuado, ha de tratarse de una causa criminal, pero, a diferencia de este, es independiente del reo en prisión o en libertad provisional. El sujeto activo ha de comparecer, ejerciendo su labor como profesional. Si esto no se produce, sin causa justa, se impone el subtipo agravado.
Este delito es castigado con la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.
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Conducta Típica
La utilización de la violencia e intimidación en un procesamiento jurídico es otra de las modalidades del delito de obstrucción de la justicia, y tiene como objetivo dificultar los trámites.
La conducta típica consiste en recurrir a la violencia o intimidación para influir sobre una persona involucrada de forma directa en un proceso judicial, con el objetivo de obtener alguna ventaja en el procesamiento o enlentecer el proceso. Esta modalidad puede darse en cualquier citación judicial y se produce con antelación a la celebración del juicio para poder influir en los responsables del procesamiento (denunciante , parte, imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo.)
Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.
Conducta Agravada
Existe una condena agravada cuando, gracias a esta violencia o intimidación, el acusado consigue los objetivos perseguidos.
En este caso se impondrá la pena en su mitad superior.
Además, si debido a la violencia utilizada se causan lesiones en el sujeto pasivo, también serán imputadas penas del delito de lesiones.
Esta situación se da una vez que el juicio ha terminado, cuando el acusado de la citación judicial recurre a la violencia, atentando contra la vida, integridad, libertad o bienes de los profesionales encargados del procesamiento del juicio.
Tiene como objetivo proteger a los profesionales de la Administración de Justicia.
Se castigará este delito con pena de prisión de uno a cuatro años o multa de seis a veinticuatro meses.
Esta es otra de las modalidades de este delito ya que su objetivo es dificultar el procesamiento judicial. Se produce cuando los abogados o procuradores, abusando de su ejercicio profesional, inutilizan, destruyen u ocultan documentos o actuaciones recibidas laboralmente.
En este caso, los abogados y procuradores se les castigará con la pena de seis meses a dos años de prisión, multa de siete a doce meses, e inhabilitación especial para empleo de tres a seis años.
Si fuera cometido por un particular, se considera un subtipo atenuado, por lo que la pena será multa de tres a seis meses.
La revelación de actuaciones secretas se da cuando el abogado o procurador en funciones revela actuaciones consideradas como secretos, y que tienen relevancia en el proceso judicial, provocando así una obstrucción.
La condena por esta revelación es multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial del cargo de uno a cuatro años. Se impondrá la pena en su mitad inferior cuando sea un particular quien lo cometa.
En el caso de que esta revelación sea hecha por un funcionario de la Administración de Justicia, se impondrá la pena del delito de revelación de secretos en su mitad superior.
Las penas por el delito de revelación de secretos son las siguientes: pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. En el caso de que la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
La deslealtad profesional es un delito recogido en el Código Penal y se da cuando un abogado, habiendo defendido un caso particular, defienda un caso relacionado, pero con intereses contrarios.
La pena para el delito de deslealtad profesional es una multa de seis a doce meses e inhabilitación del cargo por un tiempo comprendido entre dos y cuatro años.
Jurisprudencia
Sentencia AP-IB 123/15
“Igual suerte desestimatoria debe correr el motivo esgrimido en los recursos, referido a la pretendida infracción del artículo 464 del Código Penal al combatirse la condena por delito de obstrucción a la justicia por entender que no concurren los presupuestos del tipo.
Requiere el tipo del párrafo 1.o del citado precepto que se coaccione a los que intervienen en el proceso, exigiendo de ellos un cambio de actuación procesal, y empleando como medio conminatorio la violencia o la intimidación. Sujeto activo de este delito cuando de procesos penales se trata, suele ser el imputado, sujeto pasivo del delito únicamente pueden serlo las personas específicamente relacionadas en el propio texto penal -denunciantes, partes, abogados, procuradores, peritos, intérpretes o testigos-.
En relación a la intimidación, como medio conminatorio para forzar el cambio de actuación procesal, la jurisprudencia ha entendido que debe entenderse tal elemento coactivo en sentido amplio y omnicomprensivo habiéndose apreciado cuando las expresiones expuestas en tono moderado, son suficientemente significativas para atemorizar al denunciante. Se caracteriza también por la jurisprudencia a como delito de intención, en el que se excluyen las formas culposas, y como delito de simple actividad, en que la consumación se alcanza por el simple ejercicio de la violencia o intimidación.”
Sentencia SAP-Z 51/15
“Así pues, habiendo admitido el propio acusado en su declaración que no compareció a ninguna de las dos vistas señaladas, sin dar explicación alguna al órgano judicial que lo había citado, es evidente que concurre el elemento objetivo del tipo, extremo que, además, no se combate en el recurso. […]